Si bien la concepción de la UE se definió originariamente en términos económicos, la política científica común se convirtió pronto en un elemento fundamental de consolidación de esta como, en palabras de Noemí Sanz, “una de las partes fundamentales de la propia integración de sus miembros, de la creación y reestructuración de instituciones burocráticas y del desarrollo económico de sus distintas regiones durante los últimos años” (2008, p. 112).

La colaboración de los Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea se convertía en una estrategia para optimizar sus recursos económicos y, especialmente, los energéticos tras la II Guerra Mundial, frente a las poderosas inversiones en investigación de los países que formarán los bloques en el contexto de la Guerra Fría. Es así como la temprana investigación energética, en el marco de los tratados fundacionales de la  Comunidad Económica de la Europea del Carbón y del acero (CECA) (1951), y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom) (1957), se puede considerar el germen de lo que años más tarde se consolidaría como política científica común.

Coincidiendo con las difíciles negociaciones de ampliación de principios de la década de los 70, se dan los primeros pasos para transformar lo que hasta ese momento había sido una suma de recursos, en una planificación conjunta hacia la consecución de objetivos comunes para los Estados miembros. Es así como en 1972 se adopta por primera vez un programa plurianual de investigación y formación en tecnologías de la información.

Solo un año más tarde, en 1973, se crea la Dirección General de «Investigación, Ciencia y Educación» que propone un «Programa de Acción sobre Política Científica y Tecnológica». Sin embargo, no se puede hablar de una acción comunitaria, sino más bien de iniciativas concretas que conseguían superar las reticencias de los estados miembros a ceder competencias exclusivas sobre esta materia.

Será también en este periodo cuando la Comisión Europea comience a realizar encuestas de opinión pública para sondear las inquietudes de los ciudadanos de los diferentes Estados miembros. Desde 1973, conocidos como Eurobarómetro, estos sondeos se convierten en un valioso instrumento, que en el marco evolutivo y complejo de los procesos de ampliación de la UE, pueden permitir conocer cómo ha ido cambiando la agenda temática de los europeos, así como su interés y percepción del grado de información que tienen sobre ciencia y tecnología. Será en 1977 cuando se publiquen los resultados de la primera consulta a los ciudadanos, de las entonces Comunidades Europeas, para conocer sus actitudes y opiniones respecto a la investigación científica.

Este impulso a los programas de I+D+i, durante la década de los setenta del siglo pasado, obedece a la necesidad de superar la crisis energética y económica internacional, así como el retraso considerable frente a sus directos competidores, Estados Unidos y Japón (Las Heras & Rambla, 1984), frente a los cuales la UE contaba con una política de investigación fragmentada por Estados (Fernández, 2013).

En 1983 el Consejo de la Unión adopta el I Programa Marco de Investigación y Desarrollo Comunitario para el período 1984-1987, aglutinando, en cierta medida, una suma de programas sectoriales ya aprobados anteriormente, pero estableciendo las bases para una estrategia común en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

En 1985 los ministros de 18 países europeos, incluida España, firmaban en Hannover la declaración de principios de Eureka, carta fundacional de la Europa de la tecnología establecida en julio de ese mismo año en París. Solo un año más tarde, la investigación pasaría a formar parte oficialmente de las políticas comunitarias de la EU12.

Será con la firma en 1986 del Acta Única Europea cuando la “Política de Investigación y Desarrollo Tecnológico» adquiera carta de naturaleza comunitaria, teniendo como objetivo «fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la industria europea y favorecer el desarrollo de su competitividad internacional», aunque habrá que esperar hasta el año 2000 para que la UE acuerde crear un Espacio Europeo de Investigación unificado.

En el convencimiento de que la sociedad del conocimiento no puede ser ajena a la ciudanía, se pone en valor la necesidad de hacer partícipe a esta para diseñar la agenda política. En palabras de Philipe Busquin:

En una sociedad del conocimiento, el buen gobierno democrático exige poner en manos de los ciudadanos los medios para que participen, con pleno conocimiento de causa, en la selección de las opciones que ofrece un progreso científico y tecnológico responsable. (2001).

Es así como el Plan de Ciencia y Sociedad para la Unión Europea de 2001 viene precedido de la realización del Eurobarometro  European, Science and Technology (2001). Este hecho supone no solo una declaración de intenciones, sino los cimientos sobre los que se apoyarían las líneas maestras de la Política en Ciencia e Innovación en la UE hasta la fecha.

Esta consulta previa a la ciudadanía muestra “una separación real entre la ciencia y la sociedad” (2001) y evidencia la necesidad de acercar la ciencia a los ciudadanos, ya que, en los inicios del siglo XXI,  es percibida todavía  como una esfera ajena a la ciudadanía, siguiendo el post anterior de Ángeles Fernández Martínez, “como un arcano”  en el que la ciudadanía confía,  pero que desconoce las vías para su gestión y financiación y que percibe esta como algo alejado de la toma de decisiones políticas y de la participación ciudadana.